Reunión CONUDFI – LAP – ADEX

El día de hoy miembros del Consejo Directivo de CONUDFI y de ADEX se reunieron con los ejecutivos de Lima Airport Partners – LAP, a fin de abordar el avance de las obras de infraestructura y el proyecto “Ciudad – Aeropuerto” del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Comentaron sobre el nuevo terminal de pasajeros, su ampliación y desarrollo, con cinco niveles debidamente distribuidos, salas vip, espacios cómodamente acondicionados, con la instalación de “Perú Plaza”, un área comercial pública. Es importante destacar el equipamiento de este nuevo terminal: escaleras eléctricas (25), mangas de abordaje (12), ascensores (25), aisladores sísmicos (1100), sistema de equipaje (7 km de fajas) y pasillos electrónicos (10).

La propuesta “Ciudad – Aeropuerto” consta de 150 hectáreas de desarrollo, las cuales ya están ocupadas por proyectos como el Parque Logístico Callao, una nueva planta de combustible, zona de carga sur, parking y dos hoteles Costa del Sol. En este gran proyecto el rubro retail tiene un espacio importante, con más de 22 mil metros cuadrados adjudicados.

LOS RETOS:

Entre los principales retos está la construcción del puente Santa Rosa, obra a cargo del Gobierno que, lamentablemente, no estará lista para la inauguración del nuevo terminal de pasajeros: el 18 de diciembre de 2024. Para mitigar este problema de acceso, el MTC ha dispuesto la construcción de 2 puentes modulares temporales, ya en ejecución, cuya entrega se efectuará en octubre de 2024.

En los siguientes años, diversos proyectos de infraestructura se estarán llevando a cabo, de forma simultánea, en las zonas aledañas al aeropuerto. Ello traería serios problemas de tráfico, congestión y acceso al aeropuerto (ingresos y salidas).

APOYO DE NUESTROS GREMIOS:

LAP y los representantes de CONUDFI y sus Gremios Asociados, acordaron unir esfuerzos para llamar la atención del sector público, MTC, PROVIAS, ATU, etc., con el fin de tomar acción para hacer realidad el puente Santa Rosa, mejorar la seguridad con presencia de la Policía, ordenar el tránsito y distribuir la congestión; todo ello por el bien del país, de los pasajeros, el turismo, la carga, los usuarios y nuestro comercio exterior.

Participaron:

Por LAP:

  • Juan Jose Salmón.

Por CONUDFI:

  • Rafael del Campo (Presidente).
  • Silvia Hooker.
  • Enrique Prado.
  • Eli Bustinza.
  • Juan Carlos León.

Por ADEX:

  • Julio Perez Albán (Presidente).
  • Orietta Gajate.
  • Erick Fisher.
  • Jorge Robinet.
  • Diego Llosa.
  • Javier Villanueva.

Lima, 3 de mayo de 2024.

Oficina de Prensa

CONUDFI

COMUNICADO AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

CONUDFI y sus gremios asociados: Asociación Automotriz del Perú (AAP), Asociación de Exportadores (ADEX), Cámara de Comercio de Lima (CCL), Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque (CAMLAM), Frío Aéreo (FA), Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y Sociedad Nacional de Pesquería (SNP); instan al Congreso de la República a aprobar el Dictamen de los Proyectos de Ley N° 7141/2023-CR y N° 7188/2023-CR, aprobados a su vez por unanimidad en la Comisión de Transporte; por cuanto respeta fielmente los principios y normativas aplicables a las empresas privadas que ofrecen servicios públicos, específicamente en el ámbito portuario.

El actual marco legal del Sistema Portuario Nacional (LSPN) permite que empresas privadas construyan y exploten económicamente sus puertos poniéndolos al servicio del público (puerto privado de uso público, artículo 6 del LSPN), sin que cambie su naturaleza de bien privado por dicho fin público (artículo 16 del reglamento). Por tanto, al no ser un bien de dominio público, no se le puede calificar como una “entidad prestadora”, dado que dicha condición sólo la tienen ENAPU (administrador por titularidad legal) y los concesionarios de puertos (administrador por titularidad contractual).

Un puerto privado obtiene su condición de “empresa privada” cuando obtiene una habilitación portuaria; es decir, mediante acto administrativo.

De esta manera, esta regulación asegura que, aunque los puertos privados sirvan al público, no se les considera bienes de dominio público y, por lo tanto, no están sujetos a las mismas condiciones que las entidades administradoras estatales o las concesionarias. En consecuencia, una empresa privada con una inversión 100% privada, no puede ser considerada una “entidad prestadora”. Por tanto, la pretensión de OSITRAN de considerar al puerto privado como “entidad prestadora”, violaría la igualdad tributaria consagrada en la Constitución y en los Tratados Internacionales.

De igual forma, la exigencia de obligar a una empresa privada a celebrar contratos con terceros que quieren generar negocios sobre el área del puerto privado, es una clara transgresión a la libertad contractual y constitucional consagrada en la Constitución. No existe ninguna norma que prohíba a una empresa privada que brinda servicio público, a brindar servicios exclusivos, y lo que pretende el Organismo Regulador es obligarla contra su voluntad.

Advertimos que imponer tales restricciones no sólo afectaría al sector portuario, sino que sentaría un precedente peligroso para otras industrias privadas que ofrecen servicios públicos, como clínicas, universidades y colegios privados. El marco jurídico actual ya proporciona mecanismos adecuados para garantizar la competencia y regular las tarifas en beneficio del público.

En efecto, el propio marco jurídico portuario ya establece mecanismos de protección mediante imposición de tarifas, en caso de ausencia de libre competencia y procedimientos sumarios ante Indecopi (60 días), cuando la Autoridad Portuaria denuncie actos que afecten la libre y leal competencia por parte de los administradores portuarios.

Por lo tanto, solicitamos al Congreso que respete los principios de libertad empresarial, iniciativa privada y predictibilidad, al mismo tiempo que se mantiene la equidad tributaria. La aprobación de este dictamen es crucial para preservar el equilibrio entre el servicio al público y los derechos de las empresas privadas que contribuyen significativamente al desarrollo y a la eficiencia de nuestro Sistema Portuario Nacional.

Lima, 11 de abril de 2024
Oficina de Prensa
CONUDFI

Reunión con los integrantes de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República: “Demanda interpuesta por la Autoridad Portuaria Nacional por los servicios esenciales en el Megapuerto de Chancay”

El Sr. Rafael del Campo y el Dr. Cristian Calderón, Presidente y Director de CONUDFI, respectivamente, participaron en la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, llevada a cabo el viernes 5 de abril último, para exponer sobre la “Demanda interpuesta por la Autoridad Portuaria Nacional por los servicios esenciales en el Megapuerto de Chancay”.

También participaron en la sesión:

– Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

– Autoridad Portuaria Nacional.

– Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN.

– Empresa Qosqo Shipping Ports.

– Sociedad Nacional de Industrias – SNI.

– Asociación de Exportadores del Perú – ADEX.

Compartimos un extracto de la ponencia del Sr. Rafael del Campo y del Dr. Cristian Calderón:

“Cuando salió esta noticia (la demanda) creíamos que era una broma. Porque no podía ser cierto. Pero no era una broma; era verdad. Los únicos que nos estamos jalando la alfombra somos nosotros mismos. Esta es una novela que nos afecta muchísimo como país.

En lugar de esto, nos gustaría realmente estar sentados en esta mesa para hablar de las Zonas Económicas Especiales, para hablar del desarrollo de Chancay, como puerto, como ciudad y todos sus centros aledaños. Nos gustaría estar hablando de la promoción del cabotaje y de los rompeolas cuyo objetivo es que el puerto nunca pare. Tendríamos que estar sentados en esta mesa para proponer la inversión del rompeolas en el puerto de Ilo, en Paita, en Salaverry, etc., para asegurar que las naves puedan ingresar y que el movimiento de mercancías fluya sin interrupciones. También tenemos un tema pendiente con la infraestructura de accesos, a fin de dar transitabilidad a los camiones que ingresen o salgan de Chancay.

Pues bien, de esto deberíamos estar hablando y no de esta novela que tiene que acabar, y muy pronto.

Queremos comunicar –no a los que lideran las instituciones, como el presidente de la Autoridad Portuaria, quien sí ha actuado de manera responsable–; sino a algunos funcionarios que están detrás, que no han tenido la visión del gran problema que iban a generar con sus decisiones. No nos damos cuenta que China es nuestro principal socio estratégico, tenemos más de 18 mil millones de dólares que exportamos a China. Tenemos que tomar cartas en el asunto de manera inmediata.

Por ello solicitamos al MTC una reconsideración de esta demanda, solicitamos que retiren esta demanda, porque creemos que algunos de sus funcionarios no han sido responsables, creemos más bien que han sido irresponsables. De repente han cumplido simplemente con su función pública, pero creemos que ha habido una irresponsabilidad al armar este tema.

Porque todos los que en su momento tomaron la decisión (con Cosco Shipping Ports) lo hicieron de manera seria y profesional, empezando por el presidente de la APN, quien hizo un gran trabajo. Y por ese motivo los accionistas de Cosco Shipping Ports invirtieron 1,300 millones de dólares. Tenemos que ser claros en esto. No van a invertir 1,300 millones de dólares para decir “a ver qué pasa mañana”. Esto no lo hace nadie. Por ello desde CONUDFI, que representamos a los gremios dueños de la carga, pedimos coherencia y seriedad a la inversión privada. Y más bien empecemos a discutir otros temas que realmente sí nos van a ayudar a salir adelante como país.”

A su turno, el Dr. Cristian Calderón precisó lo siguiente:

“Queda demostrado que no hay un vacío normativo, sino una decisión de no regular al puerto privado de uso público. No existe artículo en la ley (LSPN) que obligue a un puerto privado a dar acceso a terceras empresas en su infraestructura. Y como dice la Constitución, al no estar prohibido por ley, no está impedido de hacerlo. Impedirlo o regularlo es justamente una barrera contra la libertad de empresa y libertad de contratación. Ello porque el puerto privado de uso público no es un bien de dominio público, y por más que preste servicio al público, no lo convierte en “entidad prestadora” regulada por OSITRAN.”

Oficina de Prensa

CONUDFI

GARANTIZAR LAS INVERSIONES ASEGURA DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL PAÍS

CONUDFI y sus gremios asociados: Asociación Automotriz del Perú (AAP), Asociación de Exportadores (ADEX), Cámara de Comercio de Lima (CCL), Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque (CAMLAM), Frío Aéreo (FA), Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y Sociedad Nacional de Pesquería (SNP); reafirman su compromiso con el fortalecimiento de la economía nacional mediante la promoción de un entorno seguro y propicio para la inversión.

La defensa de los principios es la piedra angular de nuestro régimen económico, tales como la seguridad jurídica, la libertad de emprendimiento, el fomento de la inversión privada, y la igualdad de oportunidades para inversionistas nacionales y extranjeros. Estos fundamentos son indispensables para el crecimiento económico sostenible, la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura esencial en nuestro país.

Expresamos nuestra profunda preocupación por la demanda interpuesta por la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en contra del Acuerdo de Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) emitido el 2021, que confiere exclusividad a Cosco Shipping Ports en el puerto de Chancay.

 Consideramos que esta acción legal contraviene directamente los principios mencionados y atenta contra un acto administrativo vigente, generando una atmósfera de inseguridad jurídica que puede desalentar la inversión privada, deteriorar la percepción internacional del Perú como destino de inversión, y repercutir negativamente en la creación de empleo y en el progreso de nuestra infraestructura.

La inversión realizada por Cosco Shipping en el puerto de Chancay asciende a más de 1,300 millones de dólares, representando un compromiso tangible con el desarrollo económico y la creación de infraestructura clave en la región. La presentación de esta demanda, tres años después de la formalización del acuerdo, pone en riesgo no sólo la inversión realizada sino también el potencial de este proyecto para ser un motor de crecimiento económico, generación de empleo y mejora de la logística y comercio internacional para el Perú.

El mega-puerto de Chancay se proyecta como una instalación estratégica que impulsará nuestra conectividad global, promoverá la creación de miles de empleos directos e indirectos, y contribuirá significativamente al desarrollo económico de las áreas circundantes y del país en su conjunto.

Desde CONUDFI, instamos a todas las partes involucradas a reconsiderar las acciones que se vienen ejecutando, las cuales pretenden cambiar las reglas de juego luego de tres (3) años de haberse conferido la exclusividad al puerto de Chancay. Es menester buscar una pronta solución al problema generado, el cual socava la confianza en nuestro entorno de inversión. Es obligación de todos los peruanos el trabajar juntos para asegurar que el Perú continúe siendo un destino atractivo y seguro para la inversión nacional e internacional.

Lima, 02 de abril de 2024

Oficina de Prensa

CONUDFI